El Olivosgate se resolverá con una donación del Presidente a modo de reparación. Lo dijo su abogado, Gregorio Dalbón, quien adelantó que Alberto Fernández asumirá su responsabilidad y “donará parte de su sueldo” por no haber cumplido la cuarentena, el 14 de julio de 2020 en el cumpleaños de Fabiola Yáñez.
“El Presidente quiere, como ya pidió disculpas públicas al pueblo, reparar su error en la Justicia. Puede dar parte de su sueldo durante varios meses y que el dinero sea donado al Instituto Malbrán”, afirmó el letrado en una entrevista con La Nación.
La fiesta en Olivos: “El daño cerró la grieta”Según publicó ese mismo medio, el Presidente tuvo una remuneración bruta de $ 354.694,16 en diciembre pasado. Pero el último recibo de sueldo al que pudo acceder ese de abril de este año y aumentó a $ 390.163,58.
Dalbón aseguró que la estrategia “alternativa” no tiene como objetivo “zafar de una pena”, porque tanto él como el Presidente consideran que no hubo delito en reunirse a celebrar el cumpleaños de la primera dama en uno de los momentos más restrictivos del aislamiento. Y señaló que, sin importar la decisión de la Justicia, el jefe de Estado ya decidió que realizará la donación.
La fiesta en Olivos: un escándalo que tendrá impacto electoral“No lo hace para evitar la situación de condena porque entendemos que terminará en sobreseimiento. Se quiere hacer cargo de la situación y eso lo enaltece como persona. Esto solo lo hace una persona de bien”, sostuvo el abogado.
“El Presidente no va a especular si hay o no delito. No nos importa la imputación, no vamos a defendernos. Vamos a reparar el error por una cuestión ética y moral”, agregó.
Cafiero negó las versiones sobre más festejos en Olivos durante la cuarentenaTambién aseguró que no hay una “puesta en peligro” de la sanidad pública, a raíz de las fotos y videos que fueron filtrados. “Se trata de un peligro abstracto, hay una inexistente erosión en el límite del derecho penal. Acá no hay riesgo de tipicidad porque una violación administrativa no es derecho penal. Sin riesgo para el bien jurídico, es decir la salud pública, no hay riesgo”, argumentó.